En Colombia, al finalizar el 2011, 1,54 millones de trabajadores asalariados estaban desprotegidos en materia de riesgos profesionales.
Imagen tomada el 27 de julio de 2012 de la dirección:
El total de asalariados llega a 9,3 millones de personas y, sin embargo, los trabajadores que están afiliados al sistema de riesgos profesionales son solo 7,76 millones de trabajadores (incluidos 214.089 independientes).
El riesgo de no estar protegidos es para el trabajador, pero también para los empleadores.
Por ejemplo, según un cálculo de la administradora de riesgos Positiva, un accidente laboral que le cueste la vida a un trabajador que gana el salario mínimo puede significarle al empleador 1.260 millones de pesos, si el empleado no estaba afiliado.
El desembolso será mayor en la medida en que el salario sea más alto, lo que puede llevar a la quiebra a una micro o pequeña empresa.
¿Qué debe hacer un trabajador cuyo empleador no lo tiene afiliado a riesgos profesionales?
Primero, el trabajador debe solicitarle a su empleador que lo afilie. Si pasados 15 días hábiles no lo ha hecho, el empleado debe poner la queja en el Ministerio del Trabajo, que tomará las acciones legales correspondientes.
Si un trabajador no afiliado por su empresa o empleador se accidenta y este no responde por los gastos de atención médica, el empleado debe poner la queja en el Ministerio del Trabajo y, al tiempo, en la Superintendencia de Salud.
Otra opción es entablar una demanda ante la justicia laboral para que a través de un mandato judicial se obligue al empleador a responder. Este proceso toma mucho tiempo.
El vicepresidente de Promoción y Prevención de la administradora de riesgos Positiva, Álvaro Vélez, tomó el caso de un conductor de una compañía, de 41 años de edad –la misma de su esposa–, con una hija de 17 años, cuyo salario mensual era de 566.700 pesos, es decir, el mínimo.
La empresa no afilió al conductor a una ARP (que con la nueva ley de riesgos profesionales se llamará Administradora de Riesgos Laborales, ARL).
La norma dice que debe responder por los gastos que ocasione un trabajador por afecciones a su salud y, como en el ejemplo, en materia de riesgos laborales, incluida la pensión de invalidez o de sobrevivientes, por su muerte.
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